JUSTIFICACIÓN:
La digitalización es un proceso en continuo desarrollo que está cambiando la realidad económica y social. La transformación digital ofrece un instrumento para cambiar su patrón de crecimiento y alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo a medio y largo plazo. La tecnología y digitalización están transformando las economías y sociedades exigiendo nuevas reflexiones sobre el impacto de los cambios tecnológicos en los paradigmas existentes. La creciente importancia de la conectividad, la elevada penetración del Internet de las cosas, la aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial o el análisis avanzado del Big Data constituyen desarrollos digitales plenamente consolidados. La crisis sanitaria acaecida aceleró aún más la velocidad de este cambio de paradigma que ha terminado afectando y favoreciendo, tanto a los particulares como a las Administraciones Públicas.
De un lado, los actores económicos fueron los primeros que así lo entendieron y desde hace más de dos décadas han venido potenciado la transformación de los modelos tradicionales de producción y consumo hacia modelos operativos digitales y tecnológicos. En este nuevo paradigma tecnológico, las formas de generación de riqueza son cada vez más disruptivas, debiendo enfrentarnos a la desmaterialización de muchos de los bienes, servicios, activos, incluso de los propios actores económicos, que ya no requieren de una presencia física en los territorios para desplegar sus actos de producción y consumo. Ello ha exacerbado los retos que plantea para las jurisdicciones el hecho de obtener la recaudación suficiente y necesaria para el sostenimiento del gasto público, ya que, la arquitectura de los sistemas tributarios a nivel global se asienta sobre reglas fiscales que fueron pensadas para una economía derivada de la Revolución Industrial, en donde muchos de las formas de expresión de la capacidad económica que podían ser objeto de una presión fiscal justa estaban vinculadas a elementos tangibles y materiales, que permitían que fueran gravadas allí en donde se generaba la riqueza. No obstante, en esta época de transformación digital, en donde afrontamos las denominadas “Cuarta” y “Quinta” Revolución Industrial, las reglas fiscales tradicionales se han evidenciado insuficientes haciendo muy difícil que las novedosas formas en que se está expresando la capacidad económica puedan ser objeto ahora de presión fiscal, al menos, sin que dicha intención de gravarlas pueda llegar a contrariar los principios y reglas en que se fundan nuestros sistemas tributarios.
De otro lado, las Administraciones Públicas, en especial la Administración Tributaria, ha encontrado en las herramientas tecnológicas basadas en procesamiento de datos e Inteligencia Artificial a su principal aliado en la búsqueda de instrumentos que les permitan dar una respuesta adecuada a los retos que representa la era digital, bien, porque con ellas pueden coadyuvar a la aplicación de las medidas y soluciones planteadas a nivel tributario por la economía digital, controlar los flujos económicos de interés tributario y luchar contra la elusión o evasión fiscal; bien, porque han de servir a su gestión a través de la automatización robótica de procesos que facilite la eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus potestades; o bien, porque gracias a ellas, pueden ofrecer una nueva gama de servicios asistenciales que faciliten la labor de los particulares a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarios.
En uno y en otro caso, durante las dos últimas décadas, Organismos Internacionales, principalmente la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como la Unión Europea (UE), han tratado de dar soluciones a los retos tributarios derivados de la digitalización, que permitan lograr el equilibrio entre la soberanía tributaria de los Estados y la tributación equitativa y justa de las nuevas formas en que las capacidades económicas se vienen expresando. Aun así, parece que la principal medida pasa por dotar de herramientas tecnológicas a las Administraciones Tributarias que, siendo muy útiles y necesarias, se vienen integrando en las funciones de gestión, inspección y recaudo, bajo un marco legislativo generalista y en blanco, que puede llegar a comprometer los derechos de los particulares.
Así, la relevancia del proyecto radica en la necesidad de analizar los distintos modelos de negocio disruptivos y las formas novedosas de expresión de la capacidad económica, para determinar cómo, ante la ingente necesidad de recursos públicos que nos ayuden al sostenimiento del Estado del bienestar, estos pueden llegar a ser objeto de presión fiscal por parte del Estado en cumplimiento de los principios tributarios, pero, esta vez, lo tendremos que realizar desde un punto de vista holístico que habrá de integrar la perspectiva dada por el uso de las herramientas tecnológicas por parte de las Administraciones Públicas, pues sólo así, podremos ofrecer una serie de soluciones a los efectos generados por las herramientas tecnológicas en el ámbito tributario. Siempre teniendo claro que, esas herramientas, bien usadas dentro de un marco legal garantista, nos ayudarían a alcanzar un escenario financiero y tributario óptimo a nivel autonómico, nacional, europeo e internacional, en donde los contribuyentes, Administraciones Tributarias y las distintas jurisdicciones puedan transformar la relación jurídico-tributaria tradicional a una basada en la confianza mutua y la seguridad jurídica como pilares del nuevo modelo de cumplimiento tributario cooperativo.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:
El objetivo general del proyecto es, partiendo de los trabajos y soluciones adoptadas por parte de la OCDE y la UE en relación la economía digital, analizar y estudiar los retos tributarios surgidos del cambio de paradigma digital, proponiendo medidas alternativas y respuestas concretas sobre los mecanismos más adecuados desde el punto de vista jurídico, tanto para el tratamiento fiscal de los nuevos modelos de negocio derivados de la economía digital, como para la utilización de las herramientas tecnológicas por parte de las Administraciones Tributarias que faciliten la transformación digital y la evolución del nuevo paradigma económico, sin distorsionar el mercado, en un marco de transparencia, seguridad jurídica y respeto por los derechos de los contribuyentes.
Asimismo, como objetivos específicos, se efectuará un análisis en profundidad de las implicaciones fiscales en la imposición directa e indirecta de nuevos modelos de negocio como son, entre otros, el comercio electrónico, las operaciones con criptodivisas y otros criptoactivos; las nuevas formas de financiación (crowdfunding e ICOS); las plataformas virtuales de servicios de transporte, alojamiento e intercambio de bienes y servicios (economía colaborativa); la tributación de la robótica o los aspectos fiscales del cloud computing y la impresión en 3D.