Juan José Rubio Guerrero, Universidad de Castilla-La Mancha
Uno de los grandes problemas estructurales que debe afrontar el nuevo Gobierno de España en esta legislatura es la despoblación de grandes zonas del territorio.
Los procesos de migración interna en busca de nuevas y mejores oportunidades laborales y de mejores servicios públicos han dado lugar al fenómeno conocido como la España vaciada.
La población española ha aumentado alrededor de un 36 % desde 1975: se ha pasado de un país con 34,2 millones de habitantes a otro de 47 millones. Este aumento de la población se ha distribuido de forma desigual por zonas geográficas.
Durante estos años, en los que hemos vivido una revolución económica, se han producido grandes movimientos migratorios desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades en amplias regiones de nuestro país.
Provincias como Soria han visto como su población se reducía en este periodo más de un 23 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Otras como Madrid han crecido un 73 % impulsadas por el crecimiento de la capital y las ciudades dormitorios que la rodean.
Mejores servicios
Con este contexto, resulta fundamental hacer estudios para distinguir zonas en la España despoblada. El objetivo de esta zonificación es mejorar los servicios públicos, ajustándolos a las diferentes necesidades de los habitantes.
La idea es diseñar mapas de servicios –priorizando especialmente la accesibilidad, no solo la disponibilidad– y relaciones con el resto del país. Por ejemplo, en alguna comunidad autónoma es necesario desplazarse hasta 200 km para recibir servicios médicos especializados como radiología oncológica.
La zonificación es urgente y debe hacerse desde un planteamiento metodológico riguroso. Es necesario comarcalizar los servicios públicos para reducir los costes económicos, de carreteras y de desplazamiento a los centros de referencia o capitales comarcarles.
Urge evaluar los efectos positivos que las actividades que se desarrollan en el medio rural generan para el conjunto de la sociedad. Es prioritario conservarlos y, en la medida de lo posible, aumentarlos.
También debemos considerar el coste de la paulatina desaparición de estos beneficios como consecuencia del despoblamiento.
A modo de ejemplo, el mantenimiento de los bosques como factor ecológico y de calidad medioambiental beneficia a todo el país y depende dramáticamente del anclaje de la población al territorio rural.
Política territorial
Una planificación regional adecuada permitirá revertir este proceso insano para la estabilidad económica y social a largo plazo.
Es imprescindible crear una cultura de planificación territorial y de evaluación de políticas territoriales rigurosa y basada en datos y conocimiento. Deben colaborar todas las administraciones afectadas: estatal, autonómica y local.
La Universidad tiene un papel central. Puede contribuir en el diagnóstico de la situación y en el diseño de una estrategia integral e integrada de medidas a diferentes niveles sectoriales.
Se trata de un tema complejo y con múltiples factores: envejecimiento, cobertura sanitaria, tratamiento de la dependencia, prestaciones sanitarias y educativas, etc. Solo considerando todas las variables se podrá evaluar el coste-beneficio de acciones y políticas para la población afectada.
Y solo un enfoque integrado permitirá afrontar el enorme reto de la despoblación de una parte sustancial de territorio. Un fenómeno que conlleva la pérdida de valor social, material y cohesión territorial, además de la pérdida de oportunidades para las generaciones futuras.
Es necesario perfilar una iniciativa nacional para, en alianza con otros estados de la UE y con redes y asociaciones civiles europeas, plantear cambios que faciliten la adopción de políticas de desarrollo territorial.
Dichas medidas deben estar basadas en la discriminación positiva, presupuestaria, fiscal o de otra naturaleza y ser compatibles con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este alineamiento debe ser material, esforzado y basado en la evidencia de lo que está en juego.
La fiscalidad como herramienta
Un elemento fundamental de esta dinámica es la articulación de políticas públicas y de fiscalidad que favorezcan a las personas y territorios que desarrollen sus actividades económicas y sus proyectos de vida en la denominada España vaciada.
El fiscal es el canal por el que más rápidamente pueden fluir los cambios. Aunque su puesta en práctica entraña importantes dificultades y suscita reticencias.
Si se lograse cierto consenso sobre la urgencia de revertir la despoblación y hacer de los territorios despoblados buenos lugares para vivir y trabajar, estaríamos abriendo puertas y dejando fluir el cambio.
Ya existe experiencia tanto a nivel europeo como internacional en la utilización de instrumentos fiscales para anclar la población al territorio.
Se evita así el despoblamiento y la degeneración de espacios fundamentales en el equilibrio económico y social de los países.
En España se han aplicado políticas de impulso fiscal en zonas geoestratégicas como Canarias, Ceuta y Melilla. Estos casos permiten extrapolar ciertas experiencias a territorios de especial relevancia e importancia estratégica en el desarrollo integral del país.
La zonificación en función de la importancia económica, ecológica y social permitiría crear focos de atracción poblacional.
Juan José Rubio Guerrero, Catedrático de Hacienda Pública, Universidad de Castilla-La Mancha
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.