María Ángeles Tobarra Gómez, Universidad de Castilla-La Mancha; Luis Antonio López Santiago, Universidad de Castilla-La Mancha; María Ángeles Cadarso, Universidad de Castilla-La Mancha; Nuria Gómez Sanz, Universidad de Castilla-La Mancha y Pilar Osorio Morallón, Universidad de Castilla-La Mancha

No por esperado ha resultado menos alarmante. Esta semana se ha hecho pública la tercera y última parte del Sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.

En informes previos, se planteaban medidas tecnológicamente más accesibles y recortes más progresivos. Ahora, la urgencia que exige limitar el calentamiento global a 1,5 ℃ (o de forma más realista, a 2 ℃) hace que los expertos planteen la necesidad de implementar políticas drásticas en el corto plazo combinadas a medio plazo con tecnologías como la captura de carbono, cuya aplicación a gran escala aún se enfrenta a importantes retos técnicos.

Una novedad importante del nuevo informe es que incorpora un análisis centrado en las decisiones que las personas y hogares toman como consumidores. Es sobre el consumo de energía directo e indirecto de los hogares sobre el que recaen las acciones de choque a corto plazo (de aquí a 2050).

En el contexto actual –precios de los productos energéticos al alza, alta dependencia de países no democráticos–, el debate sobre qué impacto pueden tener nuestras acciones se agudiza.

La huella de carbono de los ciudadanos es una medida adecuada para medir su responsabilidad, pues considera las emisiones directas e indirectas asociadas a las decisiones que toman. Un cambio en las pautas de consumo ayuda a guiar a la economía por una senda de desarrollo más sostenible y puede contribuir a mitigar el cambio climático.

El enfoque “evitar-cambiar-mejorar”

El informe estructura las medidas siguiendo el enfoque “evitar-cambiar-mejorar”, que originalmente se aplicó al transporte sostenible, pero que ahora se emplea de forma más general al comportamiento de los consumidores.

El panel de expertos estima el potencial de mitigación de estas medidas en un 40-70 % de reducción de emisiones. Se podría alcanzar un 5 % de forma muy rápida solo con cambios en nuestros hábitos (principalmente en los países desarrollados). Además de en esos factores socioculturales, las medidas también se centran en el uso de infraestructuras y la adopción de nuevas tecnologías que permitan dichas modificaciones.

Entre los cambios de comportamiento, en la categoría “evitar”, encontramos la no utilización del coche y la reducción de un vuelo de larga distancia al año como los dos elementos con mayor potencial mitigador a nivel individual, seguidos a distancia por el aumento del teletrabajo, un menor uso y mayor reciclaje de envases y la reducción del desperdicio alimentario.

Como “cambios”, se incluyen un mayor uso del transporte público, la reducción del consumo de carne, una mayor movilidad activa (bicicleta y caminar) y la sustitución del avión, cuando sea posible, por el tren.

Dentro de las “mejoras”, las medidas estrella son el vehículo eléctrico movido cada vez más por energías renovables, que también deberían proporcionar la electricidad de nuestros hogares, y las mejoras en el aislamiento y formas de calentar nuestros hogares.

En términos individuales, abandonar el coche de combustión y usar el eléctrico (o aún mejor, caminar y usar la bicicleta), podría reducir 2 toneladas de CO₂ equivalente al año por persona. Y otro tanto la reducción de un vuelo al año.

En total, podría llegarse a un ahorro de 9 toneladas de CO₂ equivalente con las medidas indicadas. Pero esto sería para consumidores con alto gasto en países desarrollados. Para la población mundial en su conjunto, la medida más relevante sería el cambio en la dieta, puesto que la mayoría no vuela, su gasto es muy reducido y sus emisiones están muy por debajo de la media mundial de 7,8 toneladas.

La huella de las empresas y el greenwashing

Las contribuciones por parte de los consumidores nos permitirían ganar tiempo –que ya hemos perdido casi por completo– mientras se profundiza en los cambios para deshacernos de la energía fósil. Eliminarla requiere todavía superar, no solo obstáculos tecnológicos (aplicación del hidrógeno en aviones y barcos, por ejemplo), sino también relativos a la transferencia de conocimiento y la financiación.

Los Gobiernos deben implantar políticas más ambiciosas que las aplicadas hasta el momento. El plan Objetivo 55 que se está debatiendo en la UE para la transición ecológica propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % para 2030 (comparado con 1990) y lograr la neutralidad climática para 2050. Este plan se centra, entre otros ámbitos, en la energía, la movilidad y la alimentación en la línea de las recomendaciones del Sexto Informe del IPCC. Es un paso en la dirección adecuada, pero sin un compromiso firme de la población será insuficiente.

Sin embargo, las medidas de mitigación centradas en la demanda (los consumidores), al trasladar la responsabilidad a los hogares, permiten que los principales responsables de las emisiones de carbono se “laven las manos”. Hablamos de las empresas y, sobre todo, de las multinacionales.

Un análisis de las emisiones de carbono directas en la economía española muestra que los consumidores son responsables del 25 % de las emisiones directas en 2020, el restante 75 % corresponde a las empresas. Y, para la economía mundial, 90 compañías públicas y privadas de energías fósiles son responsables directamente del 63 % de las emisiones históricas.

Las filiales de multinacionales representan el 22,5 % de la huella de carbono de la economía mundial y solo las filiales de EE. UU. operando en el resto del mundo representan el 1,5 % del total de emisiones.

Existen iniciativas para luchar contra el cambio climático en el ámbito privado en las que se implican cada vez más empresas –Science based targets, SBTi, normativas ISO 14064 de huella de carbono de organización, GHG Protocol, Carbon Disclosure Project, la plataforma NAZCA de la ONU, etc.–. Cada vez están más concienciadas sobre la reducción de su huella de carbono por la creciente presión de los consumidores e inversores. No obstante, queda mucho por hacer. También para asegurar que las medidas tomadas no sean un mero “lavado verde” (greenwashing).

Las Naciones Unidas (y la Unión Europea) son conscientes de la existencia creciente de este greenswashing. Por ello, las Naciones Unidas acaba de lanzar en el mes de abril de 2022 un grupo de expertos de alto nivel para combatirlo. El objetivo es empujar a las empresas, los inversores y las ciudades a cumplir sus promesas de cero emisiones.

¿Cambiaremos los consumidores nuestro comportamiento?

La perspectiva positiva de esta visión del IPCC es que los cambios en nuestros hábitos pueden ser compatibles con la mejora global del bienestar: contribuyen a reducir las diferencias debidas a la desigualdad económica –los países desarrollados y los hogares con mayor renta son los mayores responsables de las emisiones y su reducción– y las desigualdades por sexo –los hombres tienden a comer más proteína animal y desplazarse en mayor medida en coche– y a mejorar la gobernanza al reducir la concentración de poder de ciertos países y colectivos y aumentar la participación ciudadana.

La adopción y efectividad de las medidas estarán muy condicionadas por las enormes desigualdades económicas y por la injusta distribución de las responsabilidades climáticas entre individuos. Todos debemos esforzarnos por cambiar hábitos, aunque las predicciones para 2030 apuntan a que el 50 % de la población mundial más pobre producirá emisiones muy por debajo del objetivo, mientras que el nivel de emisiones del 1 % más rico será 30 veces superior a lo fijado en el Acuerdo de París.

Los expertos reconocen que la motivación de los consumidores para implementar estos cambios necesarios es reducida a nivel mundial. Por ello, van a ser imprescindibles políticas de incentivos y penalizaciones que tengan en cuenta los contextos sociales y culturales en cada país.

A la hora de evitar medidas muy contaminantes o promover aquellas sostenibles, no podemos solo pensar en soluciones relacionadas con impuestos a los gases de efecto invernadero que supongan aumentos de precios, ya que dichas medidas pueden ser regresivas y tienen un escaso efecto sobre los hogares de mayor renta.

Es muy importante regular y limitar actuaciones y, en ocasiones, incluso prohibir. Establecer zonas de bajas emisiones en los centros urbanos, prohibir el uso de plásticos de un único uso y la venta de vehículos de combustibles fósiles, etc., son medidas que ya se han tomado o que hay que ir tomando con arrojo y valentía para acompañar y promover o limitar la actuación de los consumidores.

Tal vez sea ahora el momento de parafrasear a John F. Kennedy, y plantearnos no solo qué puede hacer nuestro país por el planeta, sino qué podemos hacer nosotros por el planeta y si estamos dispuestos a hacerlo.

María Ángeles Tobarra Gómez, Profesora Titular de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Castilla-La Mancha; Luis Antonio López Santiago, Profesor de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Castilla-La Mancha; María Ángeles Cadarso, Catedrática de Universidad, especialista en Economía y Medio Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha; Nuria Gómez Sanz, Profesor/Investigador en Economía Medioambiental, Universidad de Castilla-La Mancha y Pilar Osorio Morallón, Investigadora predoctoral, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.